El impuesto a la energía en el futuro

Por: Paul Sánchez

De una forma muy reduccionista, el origen de los Estados implica un contrato social donde los ciudadanos eligen formar un gobierno que mantiene el orden y cumple con otras obligaciones en su beneficio. Para lograr esto, se requieren recursos humanos y materiales que deben ser cubiertos con recursos económicos. Dicho de otra forma, los gobiernos necesitan dinero para cumplir sus tareas.

Los gobiernos tienen formas muy limitadas de obtener dinero. La más importante y central son los impuestos. Es decir, la imposición de cuotas participativas de los ciudadanos ya sea como individuos o como corporaciones, para mantener las acciones del gobierno. Entre mayor es la carga impositiva más son las actividades que puede desarrollar el gobierno de forma óptima. Sin embargo, es un consenso ampliamente aceptado que a los ciudadanos nos les gusta pagar impuestos.

Otra forma en que los gobiernos pueden obtener ingresos es a través de la deuda pública, lo cual no es otra cosa que obtener dinero adelantado que, al final, se deberá pagar con los propios ingresos del gobierno en el futuro. La deuda también es muy impopular y peligrosa pues, se comprometen recursos en el largo plazo para mantener el pago a los acreedores.

En México, sin embargo, parte importante del gasto público depende de dos fuentes; los ingresos petroleros por producto de la venta de petróleo crudo y los impuestos a los combustibles. Como parte de las estrategias de flexibilización, el gobierno mexicano estableció una estrategia basada establecer estímulos cuando el precio de la gasolina se encontraba alto, los cuales eran absorbidos, de alguna forma, por las exportaciones de petróleo.

En los últimos años, el precio del petróleo se había mantenido relativamente bajo —por debajo de los 50 dólares por barril— por lo que, para mantener los ingresos públicos cuando el precio del petróleo crudo se encontraba bajo, el estímulo a la gasolina se redujo. Esto ayudó a mantener los ingresos no obtenidos por la venta del crudo.

Considera que el uso del petróleo causa graves problemas relacionados con el cambio climático. Por lo tanto, una de las lógicas de tasar a los combustibles fósiles es disuadir su uso en el largo plazo para evitar sus externalidades negativas o bien desarrollar políticas que permitan corregir las consecuencias; por ejemplo, para adaptar a las sociedades al cambio climático.

Sin embargo, si una de las tendencias en el futuro es la descarbonización, eso significaría que los impuestos a los combustibles podrían desaparecer; con ello, disminuirían los ingresos de los gobiernos. Entonces, si los combustibles fósiles son reemplazados por fuentes renovables de energía ¿Cómo se podría recuperar dicho ingreso?

Algunas propuestas que se han debatido en algunos países respecto a este tema es tasar, por ejemplo, la electricidad, las baterías o, incluso, el hidrógeno. La lógica detrás de estos nuevos gravámenes no serían las externalidades, sino la recaudación por sí misma.

Entonces, sería posible que en el futuro, veamos un IEPS a la electricidad, que por cierto, esta posibilidad está establecida en la Constitución desde hace algunos años. Quizá, entonces, podríamos ver impuestos al sol como en España hace algunos años o quizá impuestos al hidrógeno como recientemente se aprobaron en Argentina.

El reto es que estos impuestos sean progresivos y que no condicionen la transición energética; al mismo tiempo que permitan a los gobiernos de hacerse de los recursos necesarios para su continua operación en el largo plazo. Por el momento, sirva este texto para fomentar el debate respecto al impuesto a la energía en el futuro.