Canacol de Colombia espera hallar 141,3 billones de pies cúbicos de gas y 1,27 MMbp en el yacimiento Arenales en Santa Cruz

Por Bolivia Energía Libre-La Paz

La petrolera Canacol de Colombia logró oficializar, en las últimas horas, un Contrato de Servicios Petroleros (CSP) con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para la exploración y posterior explotación del área Arenales, ubicada en el departamento de Santa Cruz, donde estima existen 1,27 millones de barriles de petróleo (MMbp) y 141,3 billones de pies cúbicos de gas natural.

El proyecto llega en un momento en que la producción de líquidos y gas natural descendieron significativamente en el Estado al punto que, por ejemplo, calificadoras internacionales de riesgo país como Fitch Ratings otorgó una calificación de riesgo de B-, con lo que Bolivia pasó de estable a negativa.

La firma internacional llegó a está conclusión como efecto de la reducción de las Reservas Internacionales Netas (RIN) resultado de la merma estructural de la exportación de hidrocarburos, gas sustancialmente.

Para alcanzar los objetivos trazados, la compañía colombiana, prometió al Estado, ingresos de hasta 423,7 millones de dólares, claro está, en caso de que el yacimiento tenga éxito.

El gobierno ansioso de mostrar a la población nacional y, sobre todo, a la comunidad internacional, resultados palpables de inversión privada extranjera para revitalizar los deprimidos volúmenes de producción de gas y líquidos, defendió el proyecto en la Cámara de Diputados para lograr dos cosas: autorización congresal para firmar el contrato y, emprender, sin pérdida de tiempo, operaciones de prospección, para revitalizar el Upstream que tanta falta hace.

“Todos estamos embarcados en el mismo tren porque de esto depende de nuestras familias, el futuro de nuestros hijos y del ritmo de crecimiento de la economía nacional”, expuso fundamentos el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, según reportó una nota de prensa institucional que colgó la cartera ministerial en su página oficial.

De cualquier forma, el paso decisivo y fundamental, fue concretado este miércoles después que la Cámara de Diputados, aprobará en su etapa en grande y detalle “…el anteproyecto de ley que autoriza un nuevo Contrato de Servicio Petrolero (CSP) para actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en el área Arenales, en el departamento de Santa Cruz…” informó el ministerio.

El nuevo CSP es parte del plan de reactivación de la exploración petrolera que lleva adelante YPFB con el fin de asegurar nuevas inversiones para dinamizar el sector hidrocarburífero, reponer reservas, estabilizar e incrementar la producción, apuntó el gobierno.

La falta de producción de líquidos y gas, pero además, carencia de nuevas inversiones privadas para reactivar la exploración de hidrocarburos, complicó más las finanzas públlicas.

La situación se ha venido haciendo más compleja desde el año 2015, periodo en que la producción de hidrocarburos líquidos alcanzaba a 63.000 barriles por día, que ya eran insuficientes para satisfacer la demanda nacional, pero comenzó a declinar año tras año hasta llegar, actualmente, a 34.000 barriles por día, lo que obliga al país a importar cada vez más gasolina y diésel para abastecer al mercado interno, refiere un estudio que hizo en las últimas horas la Fundación Jubileo.

Actualmente, 95% de la matriz energética nacional es de fuente fósil, 64% de la electricidad es generada a partir de termoeléctricas que operan principalmente con gas natural; el sector transporte es el principal consumidor de energía en el territorio nacional, representando 55% del total, al año 2021, siendo, además, que 83% de esa energía es diésel y gasolina, apunta la entidad privada.

Frente a esta realidad durante el año 2022, el precio de importación de la gasolina y el diésel estuvo, en promedio, aproximadamente en 9,8 Bs/Lt, lo que ha obligado a que la subvención a los hidrocarburos se sitúe en un promedio de 6 Bs/Lt.

La situación se ha visto claramente reflejada en el gasto que ha efectuado el Gobierno para financiar esta política que, de acuerdo con autoridades del sector, llegó el año 2022 a representar 1.700 millones de dólares, siendo que el Presupuesto General del Estado había considerado 700 millones para este concepto, complementó información Jubileo.

El anteproyecto de ley fue remitido a la Cámara de Senadores para su posterior tratamiento, precisó la información oficial.