La industria de los hidrocarburos opera en un marco regulatorio “asfixiante” en Bolivia, alerta vocero de YPFB

Por Brújula Digital / Bolivia Energía Libre-La Paz

La explotación de hidrocarburos en Bolivia opera desde hace más de una década en un marco regulatorio “asfixiante”, alertó este martes el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y actualmente vocero oficial de la compañía, Juan Carlos Ortiz.

“Yo diseñaría un marco (regulatorio) que no sea asfixiante para YPFB, ni para cualquier otra compañía que decida invertir en actividades de exploración y explotación, sin cambiar la Constitución (Política del Estado), para atraer más inversiones”, declaró el director corporativo a Radio Compañera.

La posición de Ortiz arrimó iniciativas a las que hizo también públicas el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina el año pasado, cuando declaró a la Ley 3058, que rige en la actualidad la industria petrolera desde el año 2005, caduca.

La Ley de Hidrocarburos 3058 -vigente desde 2005- “cumplió un ciclo” y está en marcha un plan destinado a “cambiar totalmente” el régimen de las actividades de extracción de gas y petróleo con la aprobación de una (nueva) “adecuación normativa”, anunció en diciembre el ministro.

“Hay que ser conscientes, la Ley 3058 desde su promulgación el 2005, ha cumplido un ciclo, y ese ciclo hay que evaluarlo, hay que hacer los ajustes correspondientes”, afirmó la autoridad de Estado en oportunidad de presentar la estrategia para reactivar, agresivamente, la exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas y petróleo.

La declaración mostró un cambio radical de postura que mantenía a principios de año cuando desecho la aprobación de una nueva ley, y habló, a cambio solo de “adecuar la norma para los nuevos proyectos”.

La propuesta busca hacer reformas para “la promoción de campos maduros, la industrialización para la sustitución de combustibles, además de los proyectos ligados a temas energéticos y la industrialización de litio”, detalló entonces Molina a medios locales en la ciudad de Santa Cruz.

En este sentido, anunció que el gobierno desplegará “todo el esfuerzo posible, que es totalmente un desafío, una necesidad que tiene el país de cambiar totalmente toda esa tendencia que venía desarrollando hasta finales del 2020 (en materia de exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos)”.

La Ley 3058 fue promulgada el 17 de mayo de 2005 poco después de una crisis política de grandes dimensiones que golpeó al país tras la renuncia que hizo a la jefatura de Estado, el expresidente, Carlos Mesa (2003-2005), agobiado por una movilización social que promovió entonces el dirigente cocalero, Evo Morales, quién un año después fue ungido como Primer Mandatario.

Ayer Ortiz apalancó la posición de Molina y deslizó, por ejemplo, que el nuevo marco regulatorio debería fijar anualmente la exploración de “12, 15 pozos, eso es alrededor de 900 millones de dólares (…) entonces la inversión que precisamos es significativa y obviamente YPFB no puede abarcar todo, pero debe estar manejando la industria, buscando socios”.

La industria del gas tiene un marco legal disperso

La Agenda de Reactivación de los Hidrocarburos que dejó el gobierno transitorio de la expresidenta, Jeanine Añez, a la actual administración del Estado, señaló que desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en 2009, pasando por otras leyes – como la ley de incentivos-; decretos supremos -como el denominado “Héroes del Chaco” – hasta resoluciones ministeriales -como la que determina la asignación de la producción de gas natural a los mercados de exportación- no existe un cuerpo único legal vigente en el país.

Es más durante el período 2005-2022, la norma para la industria del gas, no fue la única disposición legal que marcó el ritmo legal del sector.

«De hecho existió una superposición de normas y la existencia de contradicciones entre ellas, y un escenario distinto a nivel nacional e internacional que demanda nuevas políticas hidrocarburíferas, lo que hace necesarias la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que se convierta en el criterio ordenador en el marco legal aplicado a este sector», planteó el documento oficial que tiene el ministro en las gavetas de su despacho.

Propuesta para una reforma integral de la Ley 3058

El gobierno transitorio dejó también una propuesta integral para encarar una reforma a la Ley de Hidrocarburos.bajo el liderazgo del Ministerio de Hidrocarburos y acompañado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

Un grupo de técnicos debe trabajar en un proyecto de Ley de Hidrocarburos que sea consistente con la CPE y, en lo posible, con las leyes relacionadas con el sector y que fueron aprobadas después del año 2005, planteó la Agenda de Reactivación de los Hidrocarburos.

La presencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el equipo de trabajo se debe a que será parte importante (y sustantiva) de la nueva ley, en el capítulo sobre impuestos, regalías y participaciones aplicados al sector, así como su distribución a nivel nacional y regional, sugirió el informe.

Reformas para captar mayores inversiones

“Creemos que todo este compromiso, con toda la adecuación normativa que estamos trabajando vamos a lograr este cambio importante”, anunció Molina para quién es imprescindible hacer los ajustes para lograr captar mayores inversiones privadas que requiere el sector.

“Nuestro sector de hidrocarburos requiere fuertes inversiones al mismo tiempo requiere una nueva visión (para encarar el desarrollo de) la industria los últimos años y las perspectivas que tiene para las siguientes (décadas)”, afirmó la autoridad.

Para el vocero de la empresa, las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, tienen que ser responsabilidad principal del ministerio de Hidrocarburos y Energías. “YPFB, puede ser uno de los actores que participe en las discusiones sobre este tema”, sugirió.

Ahora ¿cuánto tiempo llevará hacer un nuevo marco regulatorio?, Ortiz señala que será “el tiempo que demanda todo el procedimiento legislativo que en este caso serán incorporados otros actores para convencer a la sociedad boliviana de iniciar una nueva etapa con el afán de reactivar mucho más el sector de lo que se puede reactivar en estos momentos, se debería hacer, no solo por la vocación exportadora, sino para desarrollar el país”.

BD/EMV.